La mayoría de los incumplimientos tributarios son infracciones administrativas que se resuelven con sanciones económicas. Pero cuando la cuantía defraudada supera ciertos umbrales o concurren determinadas circunstancias, la conducta se convierte en delito penal con penas de prisión.
El delito fiscal: artículo 305 del Código Penal
El delito básico contra la Hacienda Pública (art. 305 CP) sanciona a quien defraude a la Hacienda Pública estatal, autonómica o local por cuantía superior a 120.000 euros por cada tributo y período impositivo.
Elementos del tipo:
- Defraudación: Ocultación de bases o cuotas tributarias, beneficios fiscales falsos, no declarar actividades gravadas
- Cuantía mínima: 120.000 € (límite que distingue el delito de la infracción administrativa)
- Dolo específico: Intención de defraudar (no vale el error)
Pena base:
- Prisión de 1 a 5 años
- Multa de 6 a 12 veces la cuantía defraudada
- Pérdida de posibilidad de obtener subvenciones o contratos públicos durante 3-6 años
Tipos agravados: cuándo la pena es mayor
El art. 305 bis CP establece tipos agravados con penas de 2 a 6 años de prisión cuando concurra alguna de las siguientes circunstancias:
- Cuantía superior a 600.000 euros (el más habitual en grandes fraudes)
- Defraudación en el seno de una organización o grupo criminal
- Uso de personas interpuestas, testaferros o estructuras falsas (pantallas, sociedades pantalla)
- Defraudación de especial trascendencia
- Uso de paraísos fiscales o territorios de baja tributación
El delito de falsedad documental en facturas
La emisión de facturas falsas puede constituir adicionalmente:
Falsedad documental del art. 390 CP:
- Si el autor es un particular: pena de 6 meses a 3 años de prisión
- Si el autor es funcionario o autoridad: de 3 a 6 años
La falsedad concurre cuando:
- Se altera un documento verdadero
- Se simula un documento o relación que no existe
- Se falta a la verdad en la narración de los hechos
Falsas facturas más habituales en inspecciones:
- Facturas por servicios no prestados realmente
- Facturas de empresa vinculada con precios no de mercado
- Facturas de autónomos por trabajos que eran relación laboral encubierta
- Facturas de proveedores inexistentes
En la mayoría de los casos, el delito fiscal y la falsedad documental concurren en concurso medial (la falsedad se usó como medio para cometer el fraude fiscal), aplicándose la pena del delito más grave en su mitad superior.
Delito de defraudación a la Seguridad Social (art. 307 CP)
También existe el delito de defraudación a la Seguridad Social cuando se eluden cuotas de la Seguridad Social por importe superior a 50.000 euros en 4 años:
- Pena: 1-5 años de prisión
- Agravado (> 250.000 euros o concurren otras circunstancias): 2-6 años
La regularización tributaria: extinción de la responsabilidad penal
El art. 305.4 CP permite al defraudador extinguir la responsabilidad penal mediante la regularización completa de su situación tributaria antes de que:
- Se le haya notificado el inicio de actuaciones inspectoras relacionadas con el fraude
- El Ministerio Fiscal, el Abogado del Estado o la Administración haya presentado denuncia o querella
- Se haya producido actuación procesal que le haya permitido conocer la existencia del procedimiento
La regularización requiere:
- Declarar los tributos no pagados
- Pagar la cuota defraudada, intereses y recargos
- Ser completa y verídica
Este "arrepentimiento activo" es especialmente relevante cuando el contribuyente detecta que una operación pasada puede ser constitutiva de delito y actúa antes de ser inspeccionado.
El papel de la Agencia Tributaria: ¿cuándo pasa a la Fiscalía?
La Inspección Fiscal (AEAT) tramita administrativamente las deudas tributarias. Cuando aprecia indicios de delito fiscal (cuantía > 120.000 €), tiene dos vías:
- Pase del tanto de culpa: Suspende el procedimiento administrativo y remite las actuaciones al Ministerio Fiscal o al juzgado, que entonces inicia proceso penal
- Procedimiento administrativo ante el órgano judicial: Desde la reforma de 2012 (LGT), puede continuar el procedimiento administrativo de liquidación paralelamente al penal
Nota práctica: Si la Inspección ha iniciado actuaciones pero no ha apreciado todavía indicios de delito, la regularización voluntaria extingue la infracción administrativa, pero si ya hay indicios formales de delito, solo la regularización prevista en art. 305.4 CP extingue la responsabilidad penal.
Estrategia de defensa en un procedimiento por delito fiscal
- Análisis de la cuantía real defraudada: Muchos procedimientos se inician con estimaciones que pueden rebajarse significativamente
- Verificar la prescripción: El plazo de prescripción del delito fiscal es de 5 años; el tributario de 4 años
- Revisar el dolo: ¿Fue un error de contabilidad, de interpretación normativa o hay intención defraudatoria?
- Posibilidad de regularización: Si aún es posible, puede extinguir la responsabilidad penal
- Conformidad negociada: En casos con evidencia sólida, negociar la conformidad reduce significativamente la pena
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